Según explica la portavoz andalucista, María Dolores Aquino, aún no se han culminado los expedientes de expropiación de dos viviendas en la calle Cadoso y esta situación impide la culminación de los trabajos en la calle San Fernando y cuyo objetivo es crear un nuevo acceso al Castillo que rodee el arco de San Miguel. De esta forma se evitaría el deterioro patrimonial de este elemento patrimonial y se permitiría el acceso a la fortaleza de vehículos como autobuses o camiones.

La portavoz del PA explica que de las dos viviendas por expropiar solo una de ellas está pagada  (180.717,32 euros), mientras que a la otra (129.645,14 euros) le falta aún una parte del pago. Esto supone para Aquino una situación “inconcebible”, ya que los expedientes de expropiación se abrieron en julio de 2009. Por su parte, el Ayuntamiento manifiesta que este mismo mes de agosto ha procedido al pago de la deuda que mantenía con el propietario de la vivienda que aún no había cobrado. Es decir, más de tres años después de iniciar el expediente de expropiación.

Pero además los andalucistas consideran que se realizado una interpretación “muy libre” de la Ley de Contratos, ya que “si no estaban los terrenos a disposición del Ayuntamiento no es posible adjudicar las obras, y mucho menos comenzar las obras”, afirma. Según el gobierno municipal, el Ayuntamiento cuenta con las actas parciales de ocupación de los terrenos, "lo que le permite adjudicar los trabajos y ejecutarlos aún cuando esta forma totalmente legal no le guste a la señora Aquino".

La obra de reurbanización de la calle San Fernando se adjudicó el 3 de mayo del pasado año por un importe de 794.902,95, y consistía en la remodelación de la calle, desde el la zona del Perejil hasta la Plaza del Congreso, con una variante sobre el arco San Miguel. Aunque durante meses no se ha registrado actividad en la zona, el Ayuntamiento afirma que "no están paralizados los trabajos".

El Partido Andalucista afirma que “se dan dos circunstancias extrañas en todo el expediente de esta obra, por un lado la tardanza en el pago de la expropiación, que en total rondan los 300.000 euros y que desde el 2009 ha habido tiempo más que suficiente para abonar y por otro que se haya comenzado la obra sin tener las licencias de ocupación de todos los terrenos afectados por la misma”.

Esto supone para Lola Aquino otra muestra más de lo que denomina “ineficacia Limones,  que tanto está dando que hablar en nuestra ciudad, obras que se adjudican, y empiezan pero que se postergan eternamente y no acaban”.