Los investigadores creen que el alcalde puede haber cometido un delito de «malversación de caudales públicos por, cuanto menos omisión». Y no sólo él, también podrían incurrir en él los concejales Miriam Burgos, Gloria Marín, Salvador Escudero, Rafael Chacón, María José Borge y María Dolores Gutiérrez Peral. La argumentación de la Guardia Civil se basa principalmente en el testimonio del Interventor municipal. En su declaración afirma que en seis ocasiones advirtió mediante escritos tanto al alcalde como a varios de sus concejales de que no se inspeccionaba la contabilidad de las Sociedades Mercantiles Dependientes, como es el caso de ACM y que no se realizaba el control financiero de la misma.

Según su testimonio no podía hacerlo porque el Pleno debería haber aprobado una norma para llevarla a cabo, según establece  la Instrucción de Contabilidad de las Administraciones Locales, algo que no había ocurrido. Pero además afirma que le resultaba imposible llevarla a cabo por carecer de los medios humanos para hacerlo. Ya en 2007 advirtió de la situación el Interventor y siguió haciéndolo, pero no recibió respuesta a ninguno de sus escritos, según él mismo afirma. De esta forma “nunca se llevó a cabo el control financiero de ACM (ni de ninguna otra empresa pública en el municipio)”, afirma el Interventor. Gutiérrez Limones, según manifiesta el informe, pudo haber nombrado a un auditor para verificar las cuentas anuales de ACM, ya que tenía potestad para ello, pero no lo hizo.

Para los investigadores policiales la responsabilidad de esa falta de control es claramente del Gobierno local con el alcalde al frente, ya que conocían la situación y no pusieron los medios para que la Intervención realizara su labor. Según afirman, si el Gobierno local hubiera facilitado los medios que pedía la Intervención “nunca se hubiera llegado a la situación en la que se gestionó y desembocó ACM”.

La Guardia Civil cita otro grupo de concejales que también tienen responsabilidad en lo ocurrido. Se trata de Rafael Chacón, María José Borge y María Dolores Gutiérrez Peral, que junto a los anteriormente citados, estaban en la Junta de Gobierno que aprobó una transferencia de 444.767 euros a ACM para proceder a su liquidación. Los investigadores no cifran la responsabilidad en la aprobación de la transferencia sino en no  haber atendido el informe de intervención previo a esa Junta Local “a pesar de la gravedad de lo reflejado por el señor Interventor”. No pidieron responsabilidad a quienes habían llevado a ACM a una complicada situación financiera y  por ello estiman los investigadores policiales que actuaron “sin cumplir con las más mínimas normas de control contable y financiero”.

La Guardia Civil considera que lo ocurrido en ACM no corresponde con actuaciones puntuales de alguna persona concreta, sino que se trata de “un comportamiento claramente definido y establecido, en el cual cada estamento tenía claro que papel jugar para conseguir los objetivos marcado, protegiéndose mutuamente y creando una estructura cerrada y opaca”.